Cambio de paradigma en la resolución de conflictos: contribuir a un sistema de justicia más sostenible

Javier Wilhelm

Director del Máster en Mediación Profesional de la UPF-BSM

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Hace un año, el Gobierno de España aprobaba y ponía en marcha la tramitación de la ley de eficiencia procesal del servicio público de Justicia. En un principio. la noticia nos dio mucha alegría a los profesionales que nos dedicamos a gestionar y resolver conflictos entre personas, con el objetivo de que los mismos no escalen y lleguen a los tribunales de justicia.

Nosotros entendemos la mediación como una oportunidad que tiene la ciudadanía para ser protagonistas de su conflicto y trabajar en la gestión de un escenario de salida legal y participado, de forma que el acuerdo al que se acabe llegando sea como un “traje a medida” para los implicados en el mismo.

En el enunciado de la ley, que ahora se encuentra en la última fase de tramitación parlamentaria, se ponen de manifiesto los siguientes elementos: el objetivo de afianzar que el acceso a la justicia suponga la consolidación de derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas; que su funcionamiento como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa; y en palabras de la ministra Sra. Llop, “agilizar la actividad de la Justicia en términos estructurales, facilitando la cohesión social y contribuyendo a un sistema de Justicia más sostenible”.

De esta manera, se introducen a los MASC (Métodos Alternativos de Solución de Conflictos) como condición de procedibilidad al interponer una demanda judicial impulsando la participación de la ciudadanía en el sistema de Justicia, devolviendo a las partes su capacidad negociadora.

Entendemos que la Mediación como sistema es la metodología más eficaz para que la ciudadanía encuentre un espacio neutral y confidencial para poder trabajar en fórmulas de salida a la disputa con la asistencia y conducción de profesionales altamente calificados que ayuden a analizar qué se ha hecho hasta el momento, qué ha funcionado y qué no. De esta forma, se podrá iniciar un procedimiento de solución de controversia en el que se despliegue un camino diferente al que las partes han probado y, seguramente le han llevado a una serie de frustraciones y desgaste emocional, al no encontrar una respuesta mutuamente satisfactoria y aceptada por ellos mismos.

Entendemos que la mediación y otros mecanismos alternativos al camino judicial serán efectivos, siempre y cuando: las partes ejerzan su corresponsabilidad y participación en la salida de la situación conflictiva; los y las profesionales tengan una formación consistente; y las personas entiendan que el camino de la convivencia es más efectivo que el de la confrontación.

La nueva ley aporta la oportunidad de que los y las profesionales del derecho se sumen en un sendero de acceso real de la ciudadanía a sistemas de acceso a la justicia; entendida más como una herramienta de pacificación social y horizontalización de la democracia, también creemos que, para que sea efectiva, el reto de la norma precisa del desarrollo de una política pública con liderazgo, recursos e implicación, de manera que no se transforme en un mero trámite administrativo.

Nos encontramos frente a un cambio de paradigma en la resolución de conflictos y en la construcción de una convivencia en la que cada caso y cada persona es tratada desde su particularidad. Por lo tanto, esperamos que los legisladores revisen aspectos de la ley que deben ser clarificados, como la figura del experto neutral o el acto de negociación previo entre profesionales del derecho, cuestión que se ha hecho desde tiempos inmemoriales; esperamos también que los legisladores distingan claramente los beneficios de una instancia de procedibilidad, con el fin de garantizar el acceso a la información y el ejercicio de la libertad de elección de las personas, y no como un acto coercitivo burocrático.

La ministra de Justicia ha expresado su intención de garantizar mejor los derechos de la ciudadanía por vías menos costosas y que llevan menos tiempo, tratando de impulsar un cambio de la cultura del litigio hacia la cultura del acuerdo. No obstante, también consideramos que es importante entender que los costos de permanecer en un estado de “guerra abierta” en los tribunales no se refieren únicamente a los económicos, sino sobre todo a los emocionales, que impiden que la gente conviva respetando sus diferencias y consigan superar sus visiones unívocas en su problema, con el objetivo de integrar al otro en un camino superador y saludable.

La ley es un paso importante, para los operadores jurídicos, para las personas mediadoras, pero sobre todo para que la ciudadanía aprenda a vivir en la disidencia, ejercite la reparación de aquello dañado en un espacio adecuado, y entienda que la convivencia con personas que piensan de manera diferente a la nuestra es perfectamente posible.